El juez cree que Varisco financió el relanzamiento de la banda de Celis

NARCOTRÁFICO

El juez cree que Varisco financió el relanzamiento de la banda de Celis

El juez Leandro Ríos dispuso el procesamiento del intendente Sergio Varisco, el concejal Pablo Hernández, la policía Griselda Bordeira y los integrantes de la banda que encabezaba Daniel Celis. En la resolución, a la que accedió Página Judicial, el magistrado planteó que existía un acuerdo comercial que implicaba la utilización de fondos públicos para financiar al narcotráfico y la compra de cocaína por los funcionarios para repartir durante la campaña electoral. Lo que dicen las escuchas telefónicas.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial



El intendente Sergio Varisco financió el relanzamiento de Daniel Andrés Celis en sus actividades de comercialización de cocaína mediante la entrega regular de 50.000 pesos en efectivo, todos los meses y hasta el final de la actual gestión. El dinero salía de las arcas municipales y debía serle entregado en mano a la pareja de Celis antes del día 15 de cada mes. El acuerdo también contemplaba formas de contratos de obra y de servicio simulados que el municipio tenía con allegados al jefe de la banda de narcotraficantes.

El acuerdo incluía, además, la compra de cocaína a precio diferencial por parte de funcionarios municipales para su distribución en las ciudades de Paraná, Concordia y, eventualmente, Nogoyá en la campaña electoral para 2019.

Sobre esa hipótesis es que el juez federal Leandro Ríos dictó el procesamiento del intendente Varisco, el concejal Pablo Hernández, la ex funcionaria y policía provincial Griselda Bordeira, Tavi Celis y el resto de los integrantes de la banda narcocriminal.

La investigación está sostenida en el análisis de cientos de horas de escuchas telefónicas, miles de mensajes de texto, filmaciones de cámaras de seguridad, documentos y anotaciones de todo tipo colectadas a lo largo de ocho meses y que el magistrado expuso en el auto de procesamiento, al que accedió Página Judicial.

Cincuenta mil razones

Daniel Celis fue detenido el 9 de agosto de 2016, a raíz de un hecho que se presentó como un intento de asalto a mano armada en una estancia de Las Cuevas, departamento Diamante, aunque la sospecha es que habría sido una venganza por asuntos relacionados con el narcotráfico.

Lo cierto es que en ese momento Celis ya estaba bajo la lupa de la justicia, en una investigación que determinó su caída unos cuantos meses después, con la interceptación de una avioneta que transportaba más de trescientos kilos de marihuana.

Ya entonces el juez había advertido sobre la “imprudencia” del entonces candidato a intendente Sergio Varisco en celebrar “acuerdos electorales y de gestión con personas que detentan la capacidad financiera suficiente para asumir una serie de compromisos onerosos, con recursos cuyo origen resultan opacos”.

La caída de la banda le generó “la necesidad de reorganizarse y reestructurar su emprendimiento ilícito desde la unidad penal donde se encontraba alojado, con nuevos intervinientes y diversos medios tecnológicos que le permitieran continuar con sus actividades” y a la vez “necesitaba contar con recursos económicos de gran consideración que le permitieran superar las pérdidas provocadas por el proceso judicial y así poder adquirir nuevamente material estupefaciente para su comercialización”.

Ahora, como aquella vez, Celis había montado una organización constituida por grupos familiares y con cierto nivel de sofisticación, lo que la hacía más difícil de infiltrar.

Desde la cárcel ocupaba el lugar más alto de la pirámide y sus ojos fuera del penal eran los de Luciana Ernestina Lemos, su pareja, principal asistente y la encargada de hacer cumplir el pacto político que, de acuerdo con la hipótesis del juez, Celis renovó con el intendente Varisco en los primeros días de septiembre de 2017.

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“La finalidad (de ese acuerdo) era proporcionar recursos económicos periódicos para que la organización de Celis pueda adquirir y comercializar material estupefaciente, pese a que éste se encontraba privado de su libertad”, detalló el magistrado.

El juez destacó además que existían “contratos totalmente simulados”, es decir, personas que tenían contratos de obra o de servicio que no realizaban ningún tipo de contraprestación, “pero cuya contraprestación económica era distribuida entre el prestanombre y Celis”.

Otra modalidad que se detectó es la de “contratos o ingresos parcialmente simulados en los cuales el empleado o contratado efectivamente realizaba algunas labores, pero no cumplía con las tareas especiales, adicionales u horas extras que le eran liquidadas, las cuales eran entregadas a Celis”, resaltó el magistrado.

Para poner en números estas situaciones el juez planteó que la Unidad Municipal 2 cuenta con una planta de 330 empleados, “a quienes se les liquidan sueldos, adicionales, bonos, aguinaldos” y, solo por “adicionales” percibían 2.500 cada uno, “de los cuales se retenían in situ 1.500 pesos” que iban a parar a manos de Celis.

“Además dichos adicionales se abonaban sobre registros de presentismo falsos, con los cuales se podía recaudar hasta 300.000 pesos por mes tan sólo en la Unidad Municipal 2, sin perjuicio de las otras unidades municipales o reparticiones que se encuentran sospechadas, por ejemplo la Dirección de Tránsito o Habilitación de Registros de Conductor”, advirtió el juez Ríos en otro tramo de su resolución.

Otro elemento revelador es un listado de personas allegadas a Celis que habrían sido contratadas mediante diferentes modalidades por el municipio tras la detección de la avioneta con más de trescientos kilos de marihuana. La nómina de 22 personas estaba fue secuestrada del despacho de Varisco y, según los cálculos presupuestarios, habrían percibido 2.973.316 pesos en concepto de contratos de obra, haberes, tareas especiales y adicionales entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018.

Los intermediarios

Es cierto que no existe entre las cientos de horas de escuchas telefónicas ninguna comunicación ni mensaje de texto directo entre Varisco y Celis. Pero varias personas oficiaban de “nexo” entre ambos: Lemos, Hernández y Bordeira, principalmente, e incluso el concejal se ocupaba de filtrarle comunicaciones al intendente:
–No atiendas si termina en 811 –le dijo el 24 de diciembre de 2017 por mensaje de texto.

Celis tenía en su celda un teléfono celular cuyos últimos números eran 811.

Los recaudadores, en el esquema, eran “un ciudadano identificado entre los contactos del teléfono (de Celis) como Gonza”, que sería Ernesto Ramón González, empleado de la Unidad Municipal 2; y Alan Nicolás Viola, un agente de tránsito que fungía, además, como “encargado de entregar materialmente el dinero del acuerdo”.

Un diálogo entre Celis y Viola es revelador en ese sentido:
–¿Qué te dice el secretario, loco? –le pregunta Celis,
–¿Cuál? –duda Viola.
–¿El secretario, qué te dijo? –insiste el jefe narco.
–Que a lo tuyo lo estaban manejando Pablo y Varisco –le responde Viola, refiriéndose, presumiblemente, a Hernández y al intendente.
–Pablo y Varisco –reafirma Celis.
–Aja.
–Pero vos viste que me dan… me dan cosas con un gotero, loco, es imposible así, boludo, es imposible; me dan cinco lucas un día; cinco lucas el cinco, cinco lucas el diez, y así. Mi familia no está acostumbrada a vivir así ¿viste? –se queja Celis.
–Y… a puchito no, boludo.
–Sí, se pasan estos, boludo, se pasan.
–Diferente sería que te pongan una arriba de otra, por lo menos ahí la piloteas y te manejas, te vas manejando.
–Yo ya me voy a afirmar bien y voy a ver cómo invento algo como para… porque ya estoy cansado de esperar (…) Estoy cansado, cansado de esperar. Hicimos un arreglo y no lo están cumpliendo ¿viste? (…) Te digo la verdad, loco, a mí ya me tienen los huevos inflados, viste, porque ya van dos años de gestión, loco, no van dos días, ya se termina la gestión, ¿me entendés? Yo todavía estoy colgado acá, pero bueno –advierte Celis.

Las anotaciones que realizaba el propio Varisco sobre sus gastos parecen dar crédito a esa queja de Celis, según el análisis que hace el juez Ríos: por ejemplo, el 6 de diciembre de 2017, Varisco le habría entregado 20.000 pesos a Hernández, para que éste se los haga llegar a Celis; del mismo modo, el 20 de diciembre le habría dado otros 5.000 pesos; el 9 de enero, 9.000 pesos; y el 12 de enero, 10.000 pesos.

La explicación de Varisco es que “son por la actividad política”, “agasajos, actividades (o) ayudas sociales que no se encaran desde el municipio”, según dijo.

El magistrado infiere otra cosa: “Es posible afirmar que entre diciembre de 2017 y enero de 2018, Varisco le entregó a Hernández la suma de 44.000 pesos, presumiblemente, para ser entregados a Lemos” y, por su intermedio, a Celis.

Estos son algunos de los indicios que llevan al juez Ríos a sostener que hubo un acuerdo político “para el financiamiento de las actividades de tráfico de estupefacientes de Celis, operadas mediante entregas regulares de dinero y el desvío de fondos públicos provenientes de la Municipalidad de Paraná”.

Relaciones peligrosas

Ahora bien, en otro tramo de su resolución, el juez advierte que el acuerdo político entre Celis y Varisco iba más allá del financiamiento a la banda de narcotraficantes y señala que “a partir del día 27 de abril de 2018 (…) parte del acuerdo implicaba la adquisición de cocaína a un precio diferencial y con la finalidad de ser distribuido en la campaña electoral 2018/2019 en las ciudades de Paraná y Concordia”.

En su primera indagatoria, ante una pregunta del juez, Varisco negó haberse reunido el 27 de abril de 2018 en horas de la tarde con Luciana Lemos en el Palacio Municipal; y en la ampliación de la indagatoria aseguró que esa tarde ni siquiera estaba en Paraná e incluso aportó fotos que lo muestran en un acto político en Concordia.

Un informe sobre el impacto de la antena del teléfono celular de Lemos revela que estaba efectivamente en la Municipalidad de Paraná; e incluso Hernández y Bordeira admitieron haberse reunido con ella y que le entregaron dinero en efectivo.

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El concejal Hernández reconoció que le dio “un sobre con 20.000 pesos” a Lemos por miedo y “para que no me molesten más”; mientras que Bordeira dijo haberle entregado “cerca de 10.000 pesos para que se vaya”.

A las 20.38, cuando Lemos se retiró de la Municipalidad, llamó a Celis:
–Contame, ¿qué pasó? –quiso saber el jefe narco.
–Y, nada, me dieron lo que me tenían que dar y me estoy yendo –le responde su pareja.
–¿Cincuenta? –quiso saber Celis.
–Cuatro, y la semana que viene, a buscar el otro –lo corrige ella.

Esa referencia quedó asentada en un cuaderno que llevaba Lemos, donde anotó “40 municipal” y también una mención a un viaje que realizaría al día siguiente para abastecerse de cocaína, según consignó el juez en la resolución.

El 2 de mayo, cuando los policías federales irrumpieron en la casa de Luciana Lemos encontraron 3,493 kilos de cocaína sobre una mesa redonda en el quincho; y en el piso, junto a la mesa, dentro de una cartera negra, hallaron dos cuadernos con anotaciones en los que aparecen mencionados los nombres de Varisco, Hernández y Bordeira y del también concejal Emanuel Gainza, cada uno sucedido por una letra enmarcada con un círculo y una operación aritmética.

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El intendente, en su indagatoria, señaló que “lo que está dentro del círculo son los verdaderos integrantes de la banda, y eso lo puso Luciana Lemos para no confundirse de quiénes son los verdaderos integrantes delatando quiénes son”, es decir, como un intento por despistar a los investigadores.

Nuevamente, el juez hace otra interpretación: “Las anotaciones insertas son compatibles con la adquisición de cocaína en cantidades significativas por parte de Varisco, Bordeira y Hernández, atento a que (…) la organización vendía el kilo de cocaína en una suma de entre 150.000 y 160.000 pesos. Por tanto, Varisco y Bordeira habrían adquirido dos kilos de cocaína y Hernández un kilo, por sí o por interpósita persona”.

En el caso de Hernández, por ejemplo, se apoya en una conversación telefónica que mantuvo con Lemos el 1 de diciembre de 2017 en la que, supuestamente, la mujer le entregaría un paquete con cocaína, “por órdenes de Celis”:
–Hola, ¿Pablo? (…) ¿Vos estás ahí en tu oficina? –lo saluda Lemos.
–Voy llegando, voy… llegando ya –le contesta el concejal.
–Ah… porque él me pasó esto para que… yo te avisara, para que… necesito ir a hablar con vos.
–Bueno, pasá, pasá por la oficina… ¿A qué hora vas a pasar?
–Dentro de un ratito ya voy, calcúlale media hora.
–Perfecto, listo.

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En el caso de Gainza, el juez admite que “en un primer momento de la investigación se sospechó fundadamente (con los elementos colectados) que la persona que habría adquirido un kilo de cocaína, a un precio de 150.000 pesos para ser distribuido en las ciudades de Paraná y Concordia durante la campaña electoral, sería Ernesto Ramón González, alias Gonza, y que fuera erróneamente escrito por Luciana Ernestina Lemos”.

Pero luego surgieron otras interpretaciones posibles: que la anotación esté referida al concejal Gainza, “dado que en el teléfono celular de Lemos tenía registrado como contacto a ‘#48 Emanuel Gaiza’ y, asimismo, del registro de llamadas surge que en fecha 25 de abril de 2018 Lemos efectuó una llamada a este número, sin embargo, la llamada no fue atendida ni devuelta”. Una segunda hipótesis es que las anotaciones refieran a Ramón Benito González, alias Cabezón Ganza o Moncho, que aparece entre las personas con las cuales se contactaba Celis a través de un teléfono celular que utilizaba en la unidad penal, y que se corresponde con el funcionario Roberto Sabbioni. La tercera alternativa es que se tratara de Ernesto Ramón González, alias Gonza. Ante esas dudas, el concejal fue citado a declarar.

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Como fuera, el juez tiene por seguro que “la relación ilícita analizada entre la organización liderada por Daniel Andrés Tavi Celis con las altas autoridades municipales, no solo se registra con los nombres propios mencionados en los cuadernos analizados, sino que también se hacen constar los pagos relativos al acuerdo de septiembre de 2017, bajo las genéricas denominaciones ‘Muni’, ‘Municipal’ o ‘Municipio’” y esas anotaciones lo llevan a suponer “que el acuerdo político electoral (de los años 2015/2017) se transformó directamente en un acuerdo comercial ilícito, al menos durante la segunda mitad del año 2017 y lo que va del año 2018”.

Clientelismo

El juez cree que Varisco, Hernández y Bordeira no solo financiaron a la banda de narcotraficantes que encabezaba Celis, sino que también le compraron cocaína y que “el principal uso del estupefaciente era su distribución (incluso gratuita) en la campaña electoral 2018/2019 como forma de asistencialismo político (entre otros usos posibles) en las ciudades de Paraná y Concordia”.

Un audio extraído del teléfono de Bordeira revela “cómo los denominados ‘punteros’ redistribuían el tóxico directamente a los futuros votantes, como una especie de asistencialismo para la generación de clientelismo político”, según dice el juez en su resolución: “Encima que están en donde están porque nosotros lo acompañamos; hasta merca, hasta merca repartí, eh, hasta merca; hasta en eso me ensucie las manos y están arriba ahora y no te dan bola, se cagan en mí”, se le queja un contacto no identificado.

El diálogo es revelador porque, a criterio del juez Ríos, exhibe cómo “se genera una actividad paralela al narcotráfico, cuyo propósito es abastecer la demanda de los militantes y grupos de futuros votantes, ya no solo a nivel de necesidades básicas (acolchados, frazadas, láminas de zinc, garrafas de gas, alimentos), sino para entregarles un ‘producto’ adquirido y destinado al consumidor”.

En esa lógica es que el magistrado sostiene que el acuerdo consistía en “las entregas periódicas de dinero y mediante el desvío de fondos públicos provenientes de la Municipalidad de Paraná hacia Daniel Andrés Celis mediante sus allegados”.

Ese acuerdo, agrega el juez Ríos, era “indispensable para que Celis, aun estando detenido, con buena parte de su organización detenida y/o vigilada, retorne rápidamente, en pocos meses, al tráfico de estupefacientes –esta vez a la comercialización de cocaína–” y con un aspecto adicional, en su consideración, “pues la ayuda inicial para hacerse de cantidades de dinero necesarias para introducirse en el comercio de la cocaína se conectaba con la propia venta a autoridades municipales, probablemente para que sea distribuida en el circuito clientelar (…) Dichas estrategias difusivas integran el fenómeno denominado de la ‘monetización’ del estupefaciente”.