El Senado dispuso un sumario y Falco se presentó en los tribunales

08/10/2018

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial En un brevísimo comunicado, el Senado informó que el cuerpo ordenó una investigación sumaria ante la escandalosa causa que tramita en la Justicia y que involucra a la Legislatura. Esto es los dos cuerpos, de senadores y diputados, presididos por Adán Bahl y Sergio Urribarri. Federico Malvasio

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

En un brevísimo comunicado, el Senado informó que el cuerpo ordenó una investigación sumaria ante la escandalosa causa que tramita en la Justicia y que involucra a la Legislatura. Esto es los dos cuerpos, de senadores y diputados, presididos por Adán Bahl y Sergio Urribarri.

“En relación a la causa que investiga las contrataciones en la Legislatura, desde la Vicegobernación se informó que el presidente del Senado ordenó una instrucción de investigación sumaria administrativa interna, como medida complementaria a la renuncia del funcionario que se desempeñaba como director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores. Asimismo el Senado, en el marco de la legislación vigente, se ha puesto a disposición de la justicia desde un primer momento”, dice el parte de prensa enviado a Página Judicial.

El miércoles pasado los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, allanaron dos estudios contables con el objetivo de incautar información y elementos para el legajo en el que se investiga el funcionamiento de un esquema por el cual a través de contratos se generaba un fraude al Estado. Los allanamientos fueron al estudio de Gustavo Falco, ubicado en calle Misiones, entre Uruguay y Tala. El otro el de Alfredo Bilbao y Ariel Faure, en el edificio tipo inglés, en la esquina de Alameda y Córdoba.

Hasta lo que se sabe provisoriamente, en la Legislatura (Senado y Diputados) se hicieron 350 contratos que varían entre los 35 y 50 mil pesos. Pero a los contratados sólo se les daba entre 1200 y 3000 pesos por prestar su nombre. Una inmensa mayoría no trabaja en la Legislatura. Si se saca una cuenta rápida se trata de un monto mensual de unos 14 millones de pesos mensuales. De ahí hay que sacar los honorarios para los prestanombres y los estudios contables, que eran quienes hacían los aportes a la AFIP y ATER. Para tener todo en regla.

Luego de los allanamientos y con el escándalo a la luz del día, Bahl le solicitó la renuncia a Gustavo Pérez, quien se desempeñaba como director general de administración de la Cámara alta.

La causa – que involucra a legisladores de los principales partidos políticos- investiga los delitos de fraude a la administración pública y asociación ilícita.

Presentación

Falco, uno de los estudios allanados, se presentó este lunes en los tribunales. Lo hizo saber a Página Judicial a través de un breve comunicado de prensa que lleva la firma de su abogado, Emilio Fouces.

En el parte, se dice que ante las noticias difundidas por Página Judicial se informa que el contador público nacional Héctor Gustavo Falco “no ha sido imputado en la causa, no obstante lo cual en el día de la fecha se ha formalizado una presentación espontanea, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 63 del Código Procesal Penal, donde el mencionado profesional se pone a disposición del Ministerio Público Fiscal, a fin de colaborar con la investigación y/o aclarar lo que los investigadores consideren necesario”.

Más adelante, se señala que el comunicado también tiene “como objetivo salvaguardar el buen nombre y honor del contador Falco, como asimismo su labor profesional, ya que es absolutamente ajeno a los hechos investigados”.

Falco, a través de Fouces, se encargó de aclarar que “en el domicilio allanado funcionan distintas oficinas autónomas e independientes entre sí, donde desempeñan sus tareas otros profesionales”.