Jueza laboral apretó a testigos y se le pedirá juicio político

CONFLICTO EN EL DIARIO

Jueza laboral apretó a testigos y se le pedirá juicio político

Se trata de la jueza laboral Viviana Murawnik, quien le tomó declaración a periodistas de El Diario en una causa en la que se pretende criminalizar la protesta. Al no encontrar una respuesta que la satisficiera, amenazó a un testigo de denunciarlo por falso testimonio. Esto, entendido por el testigo como una apriete, terminará con el impulso de una investigación. El mal trago que pasó Báez, uno de los ejecutores de la persecución en El Diario.

paginajudicial.com

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial



Un hecho bochornoso se sustanció este jueves en el Juzgado del Trabajo Número 2 de Paraná. Su titular, Viviana Murawnik, interrogó a Jorge Riani, Fabián Reato, Alfredo Alarcón, Oscar Riani, todos empleados de El Diario, y Marcelo Ortiz, secretario general del Sindicato Gráfico. Fue en el marco de una causa que se abrió a raíz de una protesta tras más de un año de salarios adeudados, sometimiento a condiciones indignas para los empleados y deudas en las cargas sociales por parte de la empresa, entre otras irregularidades.

La magistrada quería, por boca de ellos, construir la certeza de que Fabián Larrea, otro trabajador del matutino, fue quien empuñó el aerosol y pintó una de las paredes del edificio en donde funciona la redacción de la empresa periodística.

Sociedad Anónima de Entre Ríos, editora de El Diario, tiene como representante a Andrés Arias, de larga relación personal con la jueza. El objetivo de Arias es sacarle la inmunidad gremial que tiene Larrea como delegado del Sindicato Gráfico. Pero el objetivo de fondo es despedirlo con justa causa: por otro andarivel tramita una causa penal contra el trabajador que se manifestó el 23 de diciembre del año pasado en reclamo del pago de sueldos atrasados y el medio aguinaldo. Ese legajo no tiene futuro.

Apriete

Jorge Riani fue el primero en prestar declaración ante Murawnik. No reconoció a Larrea en el video que le proyectaron y cuyas imágenes fueron registradas por cámaras de la Policía. Ante la respuesta contraria a la que se había propuesto a acreditar, la jueza se ofuscó y amenazó al periodista al decirle que posiblemente iba a tener que dar explicaciones en el fuero penal por falso testimonio.

Riani le contestó que se ponía a disposición, pero le advirtió a la magistrada que le exigirá explicaciones en el ámbito que corresponde por haber violentado normas. A la salida de la audiencia, el periodista contó: “Estoy absolutamente seguro de que estamos en un Estado de Derecho, donde el Poder Judicial se rige con normas y todos tenemos que dar explicaciones, también los magistrados por su desempeño. Espero que pueda dar las explicaciones ante la Comisión de Juicio Político, en virtud de que entiendo que he sido apretado como trabajador por una jueza laboral para que conteste lo que ella consideraba que tendría que haber contestado y que da la casualidad que coincide con lo que la patronal quiere escuchar”, expresó. La posibilidad de una presentación se activó inmediatamente y ya está en estudio. En rigor, el ámbito para investigar la conducta de Murawnik es el Jurado de Enjuiciamiento.

Una decisión punitiva contra Larrea afectaría directamente el derecho a la protesta contemplado en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión y de resguardo de los derechos laborales (artículos 14, 14 bis y 32).

En el caso de esa protesta de los trabajadores del matutino –como todas las que han hecho– no se registró un solo acto de violencia. ¿Las pintadas no son, acaso, una forma de expresarse? ¿Se atreverá una jueza a quitarle los fueros a un trabajador por una pintada en una pared? Si lo hiciera estaría generando un pésimo antecedente; y lo haría, precisamente, una jueza que también tiene antecedentes.

Casi como una provocación

El Diario tiene como cara visible es Ramiro Nieto, que representa a la mayoría accionaria; y la otra parte pertenece a la familia Etchevehere. Dos de sus integrantes ostentan hoy cargos de relevancia: Luis Miguel es el presidente de la Sociedad Rural Argentina; y Juan Diego es presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos y titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la provincia.

La tragedia del centenario matutino comenzó cuando el entonces gobernador Sergio Urribarri se apropió en 2010 de la mayoría accionaria de la empresa a través de un mutualista amigo, Walter Grenón, quien le cedió luego las acciones a Nieto. La persecución a periodistas y el destrozo del contenido convirtiendo el diario en un órgano del gobierno estuvo a cargo de Pedro Báez, quien por entonces ostentaba el cargo de ministro de Cultura y Comunicación. Uno de los que también declaró este jueves fue Diego Fernández, que se desempeña en El Diario como jefe de Expedición, fue también coordinador general de Políticas Culturales por la Identidad de la Secretaría de Cultura de la provincia y mano derecha de Báez. Fue un testigo solicitado por la empresa.

En la puerta del juzgado, sobre calle Santa Fe frente a Casa de Gobierno, se convocaron trabajadores. También se acercaron militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores con una batucada y representantes de Agmer Central. En el momento en que uno de los trabajadores relataba su experiencia ante la jueza, apareció Báez, quien se dirigía en dirección hacia Alameda de la Federación. Recibió algunos reclamos subidos de tono, claro. Minutos después hizo lo propio Germán Buffa, gerenciador de El Diario y hombre de Báez en la empresa. Parecía una provocación.

Durante todos esos años se produjo un vaciamiento en la empresa. No es una especulación, sino una investigación impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por evasión de impuestos en el marco préstamos que una mutual hizo a una tercera firma asociada a los Etchevehere para la concreción de operaciones inmobiliarias que tuvieron como su objeto el vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos. Esa denuncia había sido impulsada por Dolores Etchevehere, hermana de los aludidos Luis Miguel y de Juan Diego. Esta causa fue comentada por Riani a Murawnik. No le interesó.

Los integrantes del grupo familiar también están siendo investigados por la explotación laboral de peones y su reducción a la servidumbre en la estancia La Hoyita, propiedad de su familia, en el departamento Tala.