Los cuatro vocales que no aportan al Iosper y se amparan en una acordada

09/09/2014

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial ¿Nuevos tiempos entre el Iosper y el Poder Judicial? Posiblemente. Se desconoce si los vientos que soplarán traerán satisfacciones a los magistrados. Fernando Cañete es el nuevo presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos. ¿Eso es bueno o malo para quienes se

Fernando Cañete es el nuevo presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos. ¿Eso es bueno o malo para quienes se desempeñan en los tribunales? El flamante conductor de la mutual más importante de la provincia llegó a ese lugar como referente de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER).

El Iosper cuenta con un lastre de una década. Un importante número de integrantes del Poder Judicial abandonó la obra social y optó por una empresa prepaga. Esa decisión la tomaron luego de que una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el 2002 les allanara el camino.

La medida resolutiva firmada por los vocales viola la ley orgánica del Iosper (Nº 5.480) que establece en su artículo 3º que están “obligatoriamente” afiliados los “funcionarios, magistrados, empleados y agentes que desempeñen cargos en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipalidades y sus reparticiones u organismos autárquicos o descentralizados”. El artículo siguiente sólo exceptúa a los contratados, es decir a los que ocupan cargos electivos o los que pertenezcan forzosamente a un régimen municipal o nacional.

En la actualidad, cinco de los nueve vocales aportan, según se informó a Página Judicial desde la obra social. Ellos son Claudia Mizawak; Emilio Castrillón; Susana Medina de Rizzo, Leonor Pañeda y Juan Ramón Smaldone. Quienes no lo están haciendo son Carlos Chiara Díaz, Omar Carubia, Germán Carlomagno y Bernardo Salduna. Hay otros tantos de magistrados que tampoco lo hacen.

En noviembre de 2003, el entonces juez correccional José Carlos Halle, falló favorablemente ante un recurso presentado por el Iosper. Consideró que el STJ invalidó mediante un acto de superintendencia (una resolución) lo que dice una ley, “violentando nuestro ordenamiento normativo”. La sentencia de Halle no prosperó por cuanto fue apelada, y finalmente revocada.

Otra etapa

La conducción de Cañete promete crear otro contexto sobre esta situación. El referente de AJER impulsó hace unos años en el seno de su gremio -.y luego se aprobó en un plenario provincial – la idea de que todo aquel postulante para ingresar al Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura que se haya desempeñado interinamente y no haya aportado al Iosper se le otorgue 0 puntos en la Entrevista Personal (tercera instancia en los concursos). A esta medida se sumaron otros sectores de la sociedad civil que integran el organismo asesor. Se cumple a rajatabla.

En la obra social no tienen dudas de que se viola ley. Es una situación compleja, porque quienes deben fallar son los mismos que se favorecen con la resolución. Por la vía judicial sólo habría una luz en la Corte Suprema de Justicia. Casi una utopía.

Ante este escenario –se adelantó a Página Judicial – se trabaja en una estrategia para un retorno de aquellos magistrados que no aportan. Los ajustes presupuestarios en la mutual del Estado alimentan esa consigna.

En un informe publicado por este medio el 21 de abril pasado y teniendo en cuenta el salario anterior al incremento de marzo, un vocal embolsaba por mes 100.179,03 pesos, con la salvedad de que está eximido del pago de impuesto a las ganancias, por aquello de la intangibilidad del salario de los magistrados. Por ley, el aporte a la obra social es del 3 por ciento del salario.