Un abogado denunció penalmente la contratación del jardinero millonario

LAVADO DE DINERO

Un abogado denunció penalmente la contratación del jardinero millonario

En la denuncia, a la que accedió Página Judicial, se pide investigar si Ricardo Barreiro incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública y/o en una posible defraudación a la administración pública, ya que tendría un contrato con el Gobierno u sería, al mismo tiempo, proveedor del Estado.

paginajudicial.com

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial



El abogado Guillermo Mulet presentó una denuncia solicitando que se investiguen las circunstancias que rodean la designación de Ricardo Fabián Barreiro como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer) y la contratación de empresas a su nombre por el Estado provincial.

La denuncia fue presentada este lunes ante el agente fiscal en turno para que se investigue la posible existencia de delitos de acción pública, que el abogado identifica como “negociaciones incompatibles con la función pública y/o una posible defraudación a la administración pública mediante el pago de viáticos a una persona que reviste además del cargo referido en la provincia (coordinador del Ceicer), un cargo en un ente nacional”, e inclusive también es funcionario en Formosa.

En el escrito, al que accedió Página Judicial, Mulet reclama que se aclare si Barreiro “ha percibido suma alguna en concepto de viáticos, en su caso el monto y la razón de los mismos, la posible incompatibilidad para que el mismo sea a su vez funcionario público, independientemente de su carácter ad-honorem, y proveedor del Estado provincial”.

Asimismo, sugirió una serie de medidas para profundizar la investigación, como que se pidan informes al Poder Ejecutivo sobre si Barreiro tiene un contrato con el Estado provincial y en su caso cuál es el cargo, remuneración y funciones; si ha percibido viáticos por el cumplimiento de sus funciones, en ese caso, de qué monto, y si ha presentado un informe por cada una de ellas; si Barreiro o alguna empresa a su nombre está inscripto (o lo estuvo alguna vez) como proveedor del Estado, si así fuera, qué servicios ha prestado, si las contrataciones resultaron por licitación pública o por contratación directa; y, por último, copia de los contratos de los servicios prestados.

De “paso” por Entre Ríos

Mulet es el mismo que en agosto del año pasado presentó una denuncia para que se investigue a la empresa que recibió créditos del Ministerio de la Producción para la instalación de una fábrica de cosechadoras en Concepción del Uruguay. Nueve meses pasaron desde aquella denuncia y, tal como lo reveló Página Judicial, a principios de mayo cuatro empresarios fueron imputados por la Justicia.

Esta nueva denuncia surge a partir de una serie de publicaciones que daban cuenta de que Barreiro tenía un contrato con el Estado. El portal Río Bravo consignó hace una semana que el empresario allegado a Néstor Kirchner y Cristina Fernández figuraba como director de Relaciones Institucionales del Ceicer, con una designación ad-honorem que consta en el Decreto Número 2.693 del Ministerio de Cultura y Comunicación, fechado el 15 de agosto del año pasado; mientras que el Decreto Número 3.793, publicado el jueves 13 de diciembre, le asigna “viáticos con un nivel de personal superior fuera de escalafón, funcionario político nivel 41”. Lo curioso es que el “licenciado” Barreiro se domicilia en El Calafate y que las gestiones que se le encargan son para realizar en Capital Federal.

Además, entre otras empresas, Barreiro es el dueño de RP Transportes SA, que realiza rutas con combis y colectivos en El Calafate, Glaciar Perito Moreno, El Chaltén y Torres del Paine (Chile). El año pasado esta empresa cobró 220.000 pesos por el alquiler de dos ómnibus por el período de un mes para realizar traslados de estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta Tecnópolis.

Cuando esto se hizo público, desde el Ministerio de Turismo explicaron que la contratación se había hecho por licitación pública y que la de Barreiro había sido la oferta económica más conveniente. Sin embargo, los nombres de Barreiro y RP Transportes SA desaparecieron hace algunas semanas del registro de proveedores del Estado entrerriano que figura en la web oficial (ver adjunto).

Estas circunstancias motivaron, la semana pasada, un pedido de informes del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical en la Legislatura entrerriana para conocer las razones y condiciones por las que el ex encargado de mantener la residencia de los gobernadores de Santa Cruz en El Calafate fue contratado por la provincia.