Un joven trans denuncia un trato discriminatorio en una unidad penal

IDENTIDAD DE GÉNERO

Un joven trans denuncia un trato discriminatorio en una unidad penal

La detención de un joven trans podría derivar en la presentación de un recurso de habeas corpus por parte del movimiento LGBT, luego de que se dispusiera su alojamiento de manera inconsulta en una cárcel de varones, en abierta violación a normativas internacionales. Se trata de una persona que debe cumplir una condena y pide ser alojada en una cárcel de mujeres.

paginajudicial.com

De la Redacción de Página Judicial


Un joven trans condenado por la justicia denunció trato discriminatorio y vulneración en sus derechos luego de que se dispusiera su alojamiento en una cárcel de varones, en lo que considera una violación a la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.

El caso se conoció a partir de la preocupación que manifestó el “Colectivo Travas, Tortas y Maricas en Lucha” reclamando “el traslado inmediato del compañero trans a un penal de mujeres, respetando la voluntad del compañero”.

El joven provenía de una cárcel de mujeres de Mendoza y al llegar a la provincia, donde debe cumplir una condena, quedó alojado en la Granja Penal Número 9 Colonia El Potrero de Gualeguaychú.

El movimiento trans denunció que la situación supone un incumplimiento de normas internacionales apuntadas en los Principios de Yogyakarta. Dicho tratado prevé que “toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” y “la orientación sexual y la identidad de género son fundamentales para la dignidad de toda persona”.

Keili González, militante trans, sostuvo que “haciendo un análisis de la letra dura de la Ley de Identidad de Género, al haber hecho cambio registral de la identidad autopercibida, el sistema penitenciario decide traslada automáticamente al compañero a un penal de varones; pero en este caso se debe hacer un párrafo aparte, porque los tratados internacionales, atendiendo el trato humano que debe darse a las personas privadas de su libertad, contemplan que se debe contemplar su voluntad y las condiciones en las cuales quiere estar detenida, considerando el contexto en el cual se encuentra la comunidad LGBT (lesbianas, gays, trans y travestis)”.

Ante eso, el “Colectivo Travas, Tortas y Maricas en Lucha” podría presentar un recurso de habeas corpus en caso de que la justicia provincial no disponga el traslado del joven a la cárcel de mujeres. El planteo se sostiene en lo que establece el Punto C de los Principios de Yogyakarta, que señala que los Estados “velarán por que, en la medida que sea posible, todas las personas privadas de su libertad participen en las decisiones relativas al lugar de detención apropiado para su orientación sexual e identidad de género”, algo que en este caso no se tuvo en cuenta, se indicó.

En diálogo con el programa 5 Esquinas, que se emite por Radio Costa Paraná, González resaltó que en el caso “se deben analizar los factores de riesgo por los cuales el compañero está pidiendo ser trasladado a un penal de mujeres, justamente considerando que el sistema penitenciario sigue siendo binario, para mujeres y varones” y agregó que “parece banal el análisis, pero vivimos en una sociedad pacata, conservadora, y el sistema judicial no contempla lo que establecen los tratados internacionales”.

Por su parte, el director general del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, planteó que el joven “ha hecho el trámite en el Registro Civil donde hizo el cambio de identidad, con nombre de varón, y nosotros trabajamos siempre acorde a la voluntad que ha manifestado en el Registro Civil, por lo tanto debe ser alojado en un sector de hombres”, aclaró que el joven manifestó que no quiere estar alojado en un sector masculino y que por el momento “está alojado en un sector diferenciado”.

“Por principio y por aplicación de las normas, tenemos que considerarlo hombre, tenemos que respetar su voluntad expresada en el cambio de identidad y en su documento”, insistió el funcionario en declaraciones al diario El Día.

Sánchez admitió que es el primer caso que se presenta en estas condiciones y aclaró que la decisión definitiva la debe tomar la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora.

La Granja Penal Número 9 Colonia El Potrero, donde quedó alojado el joven trans, está ubicada sobre la Ruta Internacional 136, a unos veinte kilómetros del centro de Gualeguaychú. Es un campo de cincuenta hectáreas, al borde del Arroyo Verde, donde se rige bajo un sistema de semi-libertad y que cuenta con talleres, espacios recreativos, huerta y cría de animales de corral, como cerdos y gallinas.

Entre Ríos no cuenta con pabellones para personas trans en las unidades penales, como sí existe en una cárcel de la provincia de Buenos Aires. “Es algo que tenemos que generar”, planteó Keili González.