Urribarri recusó al juez Ruhl y también lo denunció ante el STJ

28/05/2018

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Los abogados defensores volvieron a recusar al juez de garantías José Eduardo Ruhl en la causa donde se investiga el direccionamiento de las contrataciones de publicidad en la vía pública a las empresas que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Los abogados defensores volvieron a recusar al juez de garantías José Eduardo Ruhl en la causa donde se investiga el direccionamiento de las contrataciones de publicidad en la vía pública a las empresas que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri.

La novedad, sin embargo, fue que el ex mandatario denunció personalmente a Ruhl ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) –en realidad utilizó la figura del “anoticiamiento”, es decir, puso en conocimiento del alto cuerpo de una situación–, argumentando que las resoluciones del magistrado le habían generado una “pérdida de confianza en el sistema de justicia” y, por eso, pidió que se le aplique un “correctivo” o sanción disciplinaria.

Dos resoluciones generaron esa “pérdida de confianza” al ex gobernador: el embargo preventivo sobre sus bienes por 26 millones de pesos y el rechazo a la excepción por falta de acción invocada por sus defensores bajo el argumento de que el Ministerio Público Fiscal no tiene facultades para investigar los actos de gobierno porque han sido aprobados por los organismos de control. Según Urribarri, ambas resoluciones carecen de fundamentación o en ellas el juez emite por adelantado una opinión.

También el abogado Ignacio Díaz, defensor del ex ministro Pedro Ángel Báez, recusó al juez Ruhl, por idénticos motivos. Pero el letrado, además, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos de Código Procesal Penal de Entre Ríos, para el caso de que la recusación fuera rechazada, porque considera que estaría vedada la instancia de apelación ante la justicia provincial.

También los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Ángel Cullen, que representan al resto de los imputados, recusaron al juez; y este último solicitó además el aplazamiento de la audiencia de remisión de la causa a juicio, prevista para el viernes 1 de junio.

En tanto, los fiscales Alejandro Cánepa y Gonzalo Badano solicitaron el rechazo de los planteos, primero por considerar que fueron planteados fuera de término, segundo porque los consideraron “contradictorios”; y también porque la recusación ya había sido rechazada por un tribunal de apelación y por un tribunal de casación.

Los jueces Daniel Malatesta, Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel adelantaron que darán a conocer su resolución el miércoles 30 de mayo a las 12. De lo que resuelva el tribunal dependerá el desarrollo de la audiencia de remisión de la causa a juicio.

La desconfianza de Urribarri

“El planteo de recusación no está demasiado bien visto”, admitió Barrandeguy en el inicio de su exposición. “Nada debe ser entendido como un agravio o una falta de respeto a algún funcionario, sino que las razones de la recusación son técnicas y constitucionales”, agregó.

El motivo de la recusación, según Barrandeguy, es que está afectada la imparcialidad del juez porque “en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia”, es decir, avanzó en cuestiones que estaban más allá de su rol. Concretamente, el letrado le reprocha haber rechazado un planteo de excepción por falta de acción efectuado en su momento, lo que, de haber prosperado, hubiese significado el sobreseimiento de Urribarri; pero en el trámite, dice Barrandeguy, se le negó la producción de pruebas.

Esa resolución motivó además una denuncia ante el STJ, como órgano de superintendencia del Poder Judicial. El defensor Candelario Pérez habló de “anoticiamiento” al alto cuerpo en lugar de denuncia e insistió en que no se pretende con ello “desacreditar al juez sino preservar la objetividad del proceso”.

Lo cierto es que el escrito ante el STJ, que lleva la firma del propio Urribarri, pretende que se le imponga una “sanción disciplinaria” al magistrado, un “correctivo”, aunque no la remoción, se aclaró. “El juez Ruhl se ha manejado en forma discrecional y contradictoria; ha resuelto sin fundamento cuestiones tan vitales como el ofrecimiento de pruebas”, acotó.

Esa situación provocó en Urribarri una “pérdida de confianza en el sistema de justicia, y con esa desconfianza no puede haber proceso”, insistió el letrado.

A su turno, Ignacio Díaz, defensor de Báez, también recusó al juez Ruhl y planteó la inconstitucionalidad de los artículos 46 y 48 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, para el caso de que el tribunal no acepte apartar al magistrado.

La recusación es un trámite que resuelve el propio juez. En caso de que el planteo sea rechazado, se puede interponer una apelación ante un tribunal y ahí concluye el trámite. Díaz plantea que al no estar contemplada posibilidad de apelar ante un tribunal de casación, no se da la doble instancia de revisión, lo que afecta garantías constitucionales.

Del mismo modo, los defensores Vartorelli y Cullen adhirieron a los planteos de recusación del juez Ruhl que efectuaron los otros letrados. Este último, apuntó a que “se debe quitar dramatismo a lo que significa una recusación; se trata de que haya un juez imparcial; nadie pone en duda a nadie, solo se pretende tener un juez que no haya tenido opinión y acá hay un juez que ya emitió opinión al rechazar la prueba para el recurso de excepción”.

Ninguna manipulación de las normas

Por su parte, los fiscales Alejandro Cánepa y Gonzalo Badano pidieron al tribunal que rechace los planteos y que la causa siga su curso con la audiencia de remisión a juicio.

En primer lugar, Badano consideró que el planteo había sido presentado tardíamente; pero luego Cánepa agregó que se trata de una reiteración de un recurso que ya ha sido rechazado e incluso advirtió “cierta contradicción” porque “se apelan las resoluciones de Ruhl por infundadas pero se lo recusa por haber adelantado de opinión: o no están fundadas o se adelanta opinión”, ironizó el fiscal.

Asimismo, cuestionó la denuncia promovida por Urribarri ante el STJ porque lo consideró “un intento de manipulación de las normas procesales” y “un abuso del derecho de peticionar”. Pero además remarcó que “si se aceptara una denuncia administrativa como causal de recusación de un magistrado, cualquier persona podría hacerlo”.

Asimismo, cuestionó el tono de la denuncia del ex gobernador: “Se habla de rebeldía judicial; se intenta que se apliquen medidas correctivas. Es una denuncia y lo que se busca es una reprimenda al juez”; y citó el dictamen emitido por el procurador Jorge García, donde manifestó que “no ha existido irregularidad” de parte del juez Ruhl.

Por último, Cánepa respondió a los dichos de Cullen en cuanto a quitar “dramatismo” a la recusación. Dijo el fiscal que “quienes le ponen dramatismo son aquellos que refieren a que existe en el Poder Judicial una decisión de llevar a Uurribarri a los empujones a tribunales”, en referencia a declaraciones públicas de Barrandeguy.