Piden prisión preventiva hasta el juicio para Juan Pablo Aguilera
15/12/2018
De la Redacción de Página Judicial Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro solicitaron que que se les imponga la prisión preventiva hasta el juicio a Juan Pablo Aguilera, su cuñado Alejandro Almada y Sergio Cardoso, detenidos en el marco de la investigación por contrataciones irregulares en la Legislatura en los últimos diez años. De
De la Redacción de Página Judicial
Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro solicitaron que que se les imponga la prisión preventiva hasta el juicio a Juan Pablo Aguilera, su cuñado Alejandro Almada y Sergio Cardoso, detenidos en el marco de la investigación por contrataciones irregulares en la Legislatura en los últimos diez años.
Señalaron que Aguilera, Cardoso y Almada representan el eslabón más alto de la asociación ilícita que desvió fondos públicos mediante contrataciones irregulares en la Legislatura; exhibieron contundente evidencia sobre las vinculaciones entre ellos y los señalaron como las personas que se hacían del dinero que recaudaba la organización.
Se trata de la causa de corrupción más escandalosa de la historia entrerriana, donde se presume que se sustrajeron más de 2.000 millones de pesos entre 2008 y 2018 a través de una asociación ilícita de la que también participaban estudios contables.
Por su parte, los abogados Marcos Rodríguez Allende, Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli –defensores de Aguilera y Almada– y Emilio Fouces –en representación de Cardoso– solicitaron la excarcelación de los imputados o que se les conceda la prisión domiciliaria. Dijeron que la prueba ya fue colectada y podía ser reproducida en el juicio, por lo tanto, no hay riesgos de entorpecimiento de la investigación.
La jueza Marina Barbagelata dará a conocer su resolución este sábado a las 18.
Engranajes de una asociación ilícita
Aguilera, Almada y Cardoso –junto con otras personas– están acusados de integrar una asociación ilícita que funcionaba en el ámbito legislativo y que consistía en la contratación de “prestanombres” a los que se les hacía firmar contratos por montos de entre 35.000 y 50.000 pesos, pero se les entregaban sumas muy menores, que oscilaban en el orden de los 1.500 y 2.000 pesos.
Este sistema, creen los fiscales, habría comenzado a funcionar en el ámbito de la Cámara de Senadores en enero de 2008, con un número aproximado de cien contratos, y en la Cámara de Diputados se habría iniciado después del 11 de diciembre de 2011. Este recorte ha generado algunas suspicacias y Página Judicial reveló que existe un acta, firmada por un escribano público, que da cuenta de que en la Cámara Baja no quedó documentación que respaldara el gasto generado de la gestión de Jorge Busti al frente del cuerpo.
Lo cierto es que entre ambas cámaras se llegaron a firmar unos 650 contratos, que se iban sustituyendo unos con otros aunque manteniendo siempre una planta estable de alrededor de 350 personas, a fin de mantener los montos sustraídos, creen los fiscales.
El pago a esos contratados se hacía a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas cámaras legislativas. En el Senado, eran Juan Domingo Orabona (entre 2007 y 2011) y Gustavo Pérez (desde 2011); y en Diputados, el responsable era Cardoso. Ellos tenían el manejo de los fondos para el pago de esos contratos y, además, contaban con la facultad funcional de emitir los cheques y, más acá en el tiempo, de generar la apertura de las cuentas sueldo para los contratados. De ellos, el único que no está detenido es Orabona, actual titular del Instituto del Seguro.
El complejo mecanismo se descubrió el 20 de septiembre pasado, cuando Flavia Marcela Beckman, su hija María Victoria Álvarez y la pareja de ésta, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, fueron interceptados por la Policía cuando se retiraban del cajero automático, portando una mochila repleta de dinero. Lo que llamó la atención del agente que estaba de guardia fue que estuvieran un buen tiempo en la cabina haciendo extracciones de dinero con varias tarjetas de débito.
Horas más tarde, la Policía allanó el domicilio de Beckman, donde encontró documentación y más plásticos, y detuvo a su pareja, Hugo Rubén Mena.
A partir de ahí comenzó a desentrañarse un complejo sistema montado para apropiarse de fondos públicos. En la asociación ilícita, Almada era una de las personas que recibía el dinero que recaudaban quienes manejaban las tarjetas de débito de los contratados; mientras que Aguilera, que cumplía funciones en el Senado, está sindicado como “recaudador” en la gestión de Sergio Urribarri, desde 2011, ya que supuestamente recibía un porcentaje de lo que recolectaba la organización de entre los contratados.